Home » S.O.S Familia » Los acuerdos de paz con las FARC y el “enfoque de género”

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Por Óscar Herrera / Universidad del Rosario

El mes de agosto se vivió en el país una gran polémica a causa de la intentona totalitaria del Ministerio de Educación, en la que la ministra Gina Parody quiso dejar en manos de la ONU y el lobby gay la revisión de manuales de convivencia ordenada por la Corte Constitucional. Pero como la verdad siempre sale a la luz, rectores de todo el país alzaron la voz denunciando la presión del Ministerio de Educación para subvertir los principios confesionales de muchos colegios y la imposición de la ideología de género en la educación de los niños, valiéndose de la sentencia de la Corte  en el caso de Sergio Urrego.

Gracias a la oportuna respuesta de varias personalidades políticas y a las multitudinarias marchas del 10 de agosto contra el adoctrinamiento de los niños y el ataque al modelo de familia tradicional y la libertad religiosa de las instituciones educativas, se forzó al gobierno al compromiso de que a través del Ministerio de Educación no se haría promoción de la ideología de género. Sin embargo, bien pronto ha quedado claro cómo no son de fiar los compromisos de este gobierno deshonesto y tramposo, pues ha seguido adelante con la imposición de la ideología de género como política pública y encima pretende convertirla en materia constitucional.

Todo el esfuerzo de las personas dedicadas a la defensa de la familia tradicional y de los cientos de miles de colombianos que marcharon para defender a sus hijos, se iría al traste de acuerdo con las intenciones del gobierno de Santos, las Farc y el lobby homosexual en Colombia de imponer la ideología y enfoque de género en los acuerdos como condición necesaria para alcanzar la paz. Lo anterior deja en evidencia cómo el gobierno busca, con la excusa del proceso de paz, impulsar la agenda política y propagandística del lobby homosexual por encima del debate natural que se debe dar dentro de la sociedad colombiana y en sus legítimas instituciones.

En el acuerdo “final” a lo largo de las 297 páginas el término “enfoque de género” se encuentra nombrado 144 veces y a pesar de que hay otros “enfoques” como el  “enfoque de derecho, el enfoque reparador, enfoque territorial o enfoque de salud pública”, el “enfoque de género” es el único que atraviesa los cinco puntos del acuerdo como si fuera el hilo conductor. En el primer punto sobre la reforma rural integral se establece como principio en la reforma, el de la igualdad y el enfoque de género para la salud, la educación y los préstamos que ofrezca el gobierno en el campo. En el segundo punto sobre participación política en la página 37 se indica “apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI”. Privilegios iguales se encuentran en los otros tres puntos del acuerdo.

Aunque disimulado bajo la idea de garantizar un trato diferenciado a las mujeres víctimas del terrorismo, el gobierno a través de Humberto de la calle ha admitido estar en sintonía con los postulados de la ideología de género y que éstos constituyen la base de los acuerdos a los que llegaron entre el gobierno y las Farc: “desde el gobierno, la delegación procuró que las discusiones fueran más allá de una concepción de género tradicional”, “hablar de personas del género masculino o femenino en términos de sexo masculino o femenino es un expresión jocosa”, “no se nace mujer, se llega a serlo, y hoy podríamos decir, no se nace hombre, se llega a serlo”.

En el acuerdo se pretenden justificar todos los privilegios y apoyo a la comunidad LGBTI en las aparentes injusticias que existen en Colombia contra la mujer. Se debe recordar también que las Farc fueron sistemáticamente victimarios de las mujeres colombianas. Miles de niñas y mujeres fueron secuestradas y reclutadas para saciar los desordenados apetitos sexuales del secretariado de las Farc y demás guerrilleros. Al quedar embarazadas fueron forzadas a abortar para seguir siendo violadas y ultrajadas por esos criminales. No conformes con tanto daño hecho a la integridad femenina, en el acuerdo de paz las partes se comprometen a “expandir la salud sexual y reproductiva” en la población rural de Colombia. Lo que traducido del lenguaje progresista, propio de la izquierda, significa repartir anticonceptivos, asesinar más bebés en gestación, llevar travestis a dar clases de educación sexual a los niños a los colegios en el campo, e impulsar operaciones de cambio de sexo que se van a pagar con los impuestos de la próxima reforma tributaria.

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