Home » Proceso de Paz » “Posconficto”, el nombre para un nuevo régimen

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Por Jesús Herrera / Universidad del Rosario

El próximo 2 de octubre, los colombianos estamos citados para votar en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de La Habana, entre el gobierno nacional y las FARC. El plebiscito sólo tendrá dos opciones, SI y NO, no existen puntos intermedios, ni voto en blanco, ni la posibilidad de aprobar algunos aspectos y rechazar otros. El gobierno ha querido presentar los acuerdos como un todo indivisible, pretendiendo forzar a los colombianos dentro de la falsa disyunción “SI=Paz/NO=Guerra”, y llevarlos así a aceptar una agenda política que de otra forma el pueblo colombiano jamás admitiría.

Se han hecho varios resúmenes y análisis de las 297 páginas del acuerdo, un texto de una extensión tal que el gobierno puede estar seguro de que pocos colombianos los estudiarán en detalle. En su mayoría se quedarán con los resúmenes publicados en los medios de comunicación, que omiten o maquillan convenientemente los aspectos más escandalosos de los acuerdos.

Lamentablemente, tales análisis se han quedado en una lectura “contractual” del acuerdo, entendiéndolo simplemente como un pacto entre el gobierno y las FARC que generaría las obligaciones mutuas explicitadas en el texto del mismo. Es menester advertir del error de creer que el acuerdo de paz se limitará a lo escrito en el texto.

Son muchos que se confían incautos en que no habrá adoctrinamiento en ideología de género, persecución de los opositores, o gobierno de las FARC, sólo porque tales no aparecen explícitamente descritas en el texto del acuerdo, sino apenas evocados con conceptos instrumentales como “enfoque de género”, “persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, o “Apertura democrática para construir la paz”.

A lo largo de los acuerdos, aparece recurrentemente la creación de organismos de verificación e implementación de los acuerdos: Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el Tribunal Especial para la paz (frente al cual el Papa Francisco declinó la invitación a conformarlo) y especialmente la “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, con la parti-cipación de las FARC y el gobierno. Tales organismos representan una amenaza real de que los acuerdos de paz conduzcan a políticas que no se encuentran enunciadas literalmente.

Se trata de lo que hemos venido sufriendo con la Corte Constitucional, creada por la Constitución del 91, y que ha impuesto en Colombia el aborto, la eutanasia, “matrimonio” y adopción homosexual, a pesar de que la Constitución no autoriza ninguna de esas prácticas, sino que las prohibiría. Conceptos como el “derecho al libre desarrollo de la personalidad” o el inventado “Estado Laico”, que la Corte ha erigido en claves de interpretación de todo el texto consti-tucional, se han convertido en banderas ideológicas para la imposición de su agenda política.

En el sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constituyente de 1991, la Corte Constitucional quedó libre de todo control en cuanto a la conformidad de sus sentencias a la carta política. Así, la Corte pudo fallar impunemente todo cuanto cupiera en la ideología liberal de los magistrados, arrogándose un poder superior a la misma Constitución, previniendo de paso cualquier intento de recortar tales poderes alegando “sustitución de la Constitución” frente a cualquier reforma que contradiga su ideología particular.

Pues bien, Los Acuerdos de La Habana se definen como Acuerdo Especial en los términos de la Conven-ción de Ginebra y se insertaría como artículo transitorio en la Constitución “para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”. Así es que, por más que el gobierno lo hubiera negado mil veces, la votación del plebiscito sí implica una reforma sustancial de la Constitución para implantar un nuevo régimen, en que Colombia pasará a ser gobernado por tales comisiones gobierno-FARC, que el acuerdo deja libres de cualquier control, como “tribunales de cierre” en cuanto a la interpretación e implementación de los acuerdos. Votar por el SI, más allá de aprobar el texto de los acuerdos, firma un cheque en blanco para la institución de un nuevo régimen llamado “posconflicto” en el cual tales comisiones tendrán poder omnímodo para transformar el país a su antojo.

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