Home » Proceso de Paz » El terrorismo se transforma desde el fondo de las selvas al corazón del poder

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Resultado de imagen para guerrilla FARC

Por Santiago Escobar /Universidad Piloto

La Sociedad Colombiana Tradición y Acción ha publicado recientemente un manifiesto titulado: “El Estado de derecho será reemplazado por soviets, para hacer de Colombia un país socialista”, en el cual se demuestra cómo “El acuerdo final establece que innumerables comisiones controladas por las FARC asumirán las funciones del Estado”.

El documento afirma categóricamente: “La Reforma Rural Integral, la construcción de carreteras, la educación, la imposición de la ideología de género y la educación sexual, la salud, la vivienda, la seguridad, la protección de los guerrilleros ‘pacificados’, la persecución a los supuestos paramilitares, las normas de los partidos políticos, la financiación de las campañas electorales, la ecología, las relaciones internacionales, los planes de desarrollo económico, y muchos otros asuntos, en adelante serán diseñados y controlados por estos entes burocráticos. Estas entidades serán la versión moderna de los soviets, que impusieron el totalitarismo en Rusia; de los comités revolucionarios y de las milicias bolivarianas, que hicieron lo mismo en Cuba y en Venezuela; y serán los guerrilleros ‘pacificados’ quienes impondrán sus aberrantes criterios a la Nación. Sin embargo, en ningún lugar del Acuerdo se dice cómo y dónde funcionarán esos comités, ni quienes los integrarán, ni cómo ni con qué criterio se escogerán sus integrantes”.

Tan grave y contundentes afirmaciones deben mover a todo universitario a ilustrarse sobre el abismo en que caería Colombia de ser aprobado el plebiscito.

Prueba de ello es el “Acto Legislativo por la Paz”, aprobado por el Congreso el pasado 30 de mayo, ahorrándose ilegalmente seis de los ocho debates de rigor para las reformas constitucionales, en el cual se incorporan a la Constitución Política de Colombia todos los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC, aún antes de que el país los conociera. Es decir, es un cheque en blanco que se gira conjunta-mente a un Gobierno profundamente desacreditado que no representa al país, y a una guerrilla marxista que durante 60 años ha cometido los más graves crímenes contra el pueblo colombiano. Lo aprobado por el Congreso es que todo lo que los negociadores de ambas partes imponen en el Acuerdo Final será considerado como norma constitucional.

Este Acuerdo Final será incorporado a los Convenios de Ginebra de 1949, que regulan los conflictos y las guerras entre las naciones, en donde se presentarán como un supuesto “derecho a la paz”, exigido por todos los colombianos. El gobierno y las FARC, en franco abuso de las normas jurídicas de la Convención de Ginebra y violando las normas constitucionales colombianas, han pretendido darle a éste acuerdo el carácter de un tratado internacio-nal sobre derechos humanos, cuando evidentemente no lo es. Los acuerdos se refieren a materias muy diferentes, como la entrega de armas, la política agraria, el narcotráfico, la participación en política de las FARC, la jurisdicción especial en materia de justicia, que pasarán a integrar el bloque de constitucionalidad. Es decir, prevalecerán sobre todas las normas del actual ordenamiento jurídico colombia-no. De esta forma el acuerdo de paz quedaría “blindado”, para que en el futuro sea imposible que go-biernos posteriores puedan modificarlo.

Es de mucha gravedad también conceder poderes omnímodos al Presidente de la República para que por medio de decretos presidenciales reglamente y ponga en práctica todos los acuerdos que se firmen en Cuba, como le plazca y sin atenerse a ninguna norma. Ni el dictador Chávez tuvo tantas garantías “legales” para conducir a Venezuela hacia el abismo donde hoy se encuentra.

Esta burla grotesca a los colombianos honestos y cumplidores de la ley, ni de lejos nos conducirá a la verdadera paz. Será el origen de las mayores injusticias, de las más graves y escandalosas persecuciones contra los que se han opuesto a la subversión, en pleno cumplimiento de la Ley, y nos conducirá de nuevo al imperio de la violencia y del crimen, que ya vivimos en décadas pasadas, por cuenta de la guerrilla y del narcotráfico toleradas por el Estado.

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